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DIARIO LAS AMÉRICAS

Afirma investigador norteamericano:

Dinero sucio de las FARC podría haber entrado a los bancos de Nicaragua

Investigador norteamericano que compareció ante comisión del Senado de los Estados Unidos, brinda entrevista al DIARIO LAS AMÉRICAS

 DIARIO LAS AMÉRICAS

 Diario Las Américas

 

"PDVSA es un puente para blanquear capitales de las FARC"

 

17 de septiembre de 2017 - 17:09
Douglas Farah, experto en temas de crimen organizado, asegura que el dinero del grupo guerrillero se ha invertido en empresas del continente, a través del monopolio petrolero venezolano

 

 Douglas Farah
Douglas Farah, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional, durante su comparecencia en el Senado.CORTESÍA
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@FloresJudith7

 

 

 

“La principal estructura de lavado de dinero de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es PDVSA (Petróleos de Venezuela, empresa estatal controlada por el Gobierno de ese país)”, así lo afirma Douglas Farah, experto en temas de crimen organizado y antiterrorismo.

 

El pasado 12 de septiembre Farah presentó una ponencia ante el Comité de Control Internacional de Narcóticos en el Senado estadounidense, donde se discutió el tema de la “adaptación de los esfuerzos en la lucha antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia”.

 

En entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, Farah resumió cómo es el funcionamiento de la operación de blanqueo de capital que asegura procede del narcotráfico: “Se organizó una red paralela en El Salvador y Nicaragua para mover dinero de las FARC, principalmente a través de PDVSA, en una maniobra que involucra al gobierno de Venezuela, a Albanisa (creada en Nicaragua con fondos aportados a través del Alba, controlada por el Gobierno de Daniel Ortega) y Alba Petróleos (con capital del mismo origen, creada en El Salvador).

 

“En esas estructuras hay suficientes irregularidades con grandes cantidades de dinero que se debe investigar más para saber a dónde fueron a parar esos capitales”, afirmó el experto.

 

En opinión de este especialista, estas realidades constituyen el respaldo de las sanciones impuestas por Estados Unidos tanto a PDVSA como a funcionarios del régimen de Venezuela, que están siendo señalados de presuntos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.

 

A la presentación ante el Senado de EEUU, Farah, quien labora como investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y es presidente de la firma consultora IBI, LLC, acudió como investigador independiente.

 

En sus declaraciones al diario aseguró que aprovechó la comparecencia para solicitar a los senadores “investigar las actividades conjuntas y vínculos entre PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos y sugirió mantener a las FARC en la lista de organizaciones que promueven el terrorismo, mientras no se cumplan en su totalidad los acuerdos de paz”, recientemente firmados, debido a los cuales el grupo armado pasó a convertirse en partido político.

 

Farah recordó que los países nucleados en la organización llamada ALBA, creada por iniciativa de Hugo Chávez, con el beneplácito de Fidel Castro, no es otra cosa que la llamada “alianza bolivariana, donde confluyen países con gobiernos de carácter totalitario, que manejan los recursos de las naciones como caja chica personal. En mi criterio -dijo- eso implica corrupción, es dinero público que se maneja sin transparencia”.

 

El analista denunció que dentro de ese proyecto ideológico llamado ALBA, las FARC están involucradas y recalcó que este grupo está dispuesto a hacer lo necesario para ayudar a sus aliados.

 

“Es un proyecto anti Estados Unidos, antidemocrático que busca imponer en el continente la corriente llamada Socialismo del Siglo XXI”, recalcó.

 

A su juicio, las estructuras Alba Petróleo de El Salvador y Albanisa en Nicaragua, reflejan que se trata de empresas paralelas y hasta dependientes del dinero que presuntamente llegaba de PDVSA a través de Petrocaribe.

 

“El análisis de las estructuras revela que hay una total falta de transparencia en el manejo de los recursos. La información que hemos recabado en Colombia y en otras partes lleva a deducir que (el dinero) provenía de una misma fuente”.

 

Nicaragua

 

Tras las denuncias presentadas, Farah estima que en el caso de Nicaragua, Estados Unidos abrirá una investigación sobre el origen y destino del dinero de las multiempresas Albanisa, manejada por la familia presidencial Ortega-Murillo.

 

“Hay indicios de que el dinero no es habido legalmente, las FARC están buscando dónde esconder su capital [tras haberse desmovilizado]. A mi criterio, el proceso ya lleva un tiempo y ese dinero seguramente ya salió por esas estructuras (Albanisa) y a estas alturas ya estaría integrado en el Sistema Financiero (nacional). Espero, como me dicen, habrá una investigación”.

 

La confianza

 

Farah hizo llamar la atención acerca de las relaciones existentes entre José Luis Merino, exjefe guerrillero y actual viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador que maneja Alba Petróleos en El Salvador, el presidente Daniel Ortega, en Nicaragua, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además se refirió a que el trabajo de campo realizado en Colombia revela serios indicios de que el dinero [manejado por las FARC] ha sido lavado a través de exportaciones de petróleo ficticio o con precios sobrevalorados para permitir el flujo de capital.

 

“Hay que entender esta red de operaciones basado en las relaciones que históricamente han existido entre José Luis Merino, el presidente Ortega y los secretarios de la FARC. Se conocen hace mucho tiempo y hay un alto nivel de confianza entre ellos para manejar el dinero de origen ilícito”, aseguró.

 

“El hecho de que hayan ingresado a Nicaragua más de 4.000 millones de dólares, ya casi desaparecidos a través de Albanisa, indica que no son operaciones normales, ni transparentes. Ese no es dinero que ingresa a través del presupuesto general de la república, sin embargo es manejado como caja chica del gobierno”, reiteró.

 

La analista política y periodista nicaragüense, Fidelina Suárez, considera que la política de secretismo que promueve Ortega desde su llegada al poder en enero del 2007, le ha funcionado internamente, pero no a nivel internacional.

 

A su juicio, es difícil que en un mundo interconectado donde hay una lucha contra el lavado de dinero, no se cuestione e investigue el conglomerado de empresas Albanisa, que tiene sus ramificaciones en distintos sectores.

 

Acerca de la hipótesis desarrollada por Farah, Suárez dijo: “Hay que recordar que a Nicaragua ingresaron más de 4.000 millones de dólares del convenio petrolero con Venezuela sin que ese dinero entrara al Presupuesto General de la República y sin que nunca se rindiera cuentas al respecto. Es para encender las alarmas en cualquier parte. Aparte de eso, nadie ignora los lazos del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) con las FARC. Algunos de los dirigentes guerrilleros han sido condecorados por el gobierno de Ortega. Con el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) de El Salvador, [el Gobierno de Ortega] acaba de reafirmar su lealtad al dar asilo al expresidente Mauricio Funes", acotó Suarez

 

La investigación a Merino

 

Merino, actual vicetitular de Exteriores de El Salvador, es el tercer dirigente más importante que tuvo el grupo guerrillero FMLN y se le considera el arquitecto financiero del Grupo Alba en El Salvador.

 

A finales de junio pasado, un grupo integrado por 14 congresistas solicitaron al secretario de Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, investigar los vínculos y actividades bancarias del exjefe guerrillero y actual viceministro para la Inversión Extranjera y Financiamiento para el desarrollo de El Salvador, José Luis Merino, por presuntos nexos con el crimen organizado internacional.

 

Los congresistas de ambos partidos (demócrata y republicano) hacen alusión en la solicitud de investigación, a múltiples reportes de pesquisas abiertas que indican “que las estructuras financieras controladas por Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riqueza inexplicada, al tiempo que han ayudado a la guerrilla de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del gobierno venezolano, y a otros grupos criminales a mover fondos a puertos seguros”.

 

La congresista republicana de la Florida Ileana Ros-Lehtinen fue una de las firmantes de la carta en la que insta al Departamento del Tesoro designar a José Luis Merino, como pieza angular en el crimen internacional por sus vínculos con actividades ilícitas, tráfico de drogas y lavado de dinero para las FARC.

 

Un año antes, en agosto del 2016, el senador republicano, también de Florida, Marco Rubio, solicitó al Departamento del Tesoro tomar acciones concretas para imponer sanciones a Merino, a quien acusa de lavado de dinero y tráfico de armas.

 

Alerta

 

Recientemente, la embajada de Estados Unidos en Managua, a través de su consejero económico, William Muntean, sugirió a empresas de capital estadounidense en Nicaragua

 

informarse sobre los posibles riesgos o sanciones a los que se exponen al establecer relaciones comerciales con Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa). La razón expuesta se refiere a las sanciones de Estados Unidos que enfrenta PDVSA, el principal socio comercial de Albanisa. La consulta sugerida por el consejero deberán hacerla a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

 

La participación de Cuba

 

Para Farah, sin dudas que Cuba es una parte muy importante del ALBA, pero asegura que hasta el momento no tiene indicios de que la banca de ese país sea utilizada por las FARC para el lavado de dinero.

 

“Lo que no quiere decir que no exista, pero no tengo indicios de que el dinero de la FARC este tocando la banca de ese país. Yo creo que es porque no tienen mucho acceso al mercado internacional como en el caso de Nicaragua que sí tiene muchos bancos”, apuntó.

 

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2009-06-11 16:17:08

En preparación libro sobre la corrupción 

El Narcojet

corrupcion-.jpg

Está en preparacióm un libro documental sobre la corrupción en Nicaragua escrito por el poeta y periodista granadino, Lic. Alberto Cuadra Mejía, quien reside en Miami desde hace veinte años, y es activo colaborador de DIARIONICA. Para que los nicaragüenses no olviden, dice ACM, nos regala un capítulo de su libro"APUNTES DE UNA CORRUPCIÓN PARA NO OLVIDAR".


En el gobierno del corrupto Arnoldo  Alemán, un avión jet que fue piloteado el 15 de diciembre de 1997   del aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, por José Francisco Guash, y llevado al aeropuerto “Los Brasiles” de Managua, fue utilizado por el  ex-mandatario nicaragüense, quien viajó a principios de 1998 a El Salvador  a una reunión de presidentes centroamericanos. En esa ocasión, las autoridades salvadoreñas, al inspeccionar el avión, encontraron sedimentos de cocaína. El entonces vice presidente, Enrique Bolaños, también voló en varias  ocasiones  en el mismo Lear Jet, y la hija del ex- mandatario, María Dolores Alemán. Guash y José Alberto Castillo, como copiloto del jet, recibieron instrucciones  de trasladar al norteamericano Larry Nelly, supuestamente enfermo del corazón de San José, Costa Rica, a Medellín, Colombia.

Al llegar el avión al aeropuerto Juan Santamaría de San José, el supuesto enfermo se encontraba en una ambulancia y le acompañaba  Luis Esperanza, médico  argentino, a quien  ocupantes del aparato durante el vuelo se refirieron a él, como "EL CANCILLER", pero éste era  LUIS EDGARD DEVIA SILVA, ideólogo de las FARC y nada menos que consejero de  "Tiro Fijo") Manuel Marulanda, el Jefe Guerrillero de esa organización narcoterrorista. Esta operación fue montada por Mario Rivas Montealegre, quien en ese entonces era Director de Aeronáutica Civíl de Nicaragua y amigo de Guash, con quien voló en diferentes ocasiones.

Guash vivía supuestamente en Casa Presidencial. Al ponerse al descubierto el escándalo del narcojet por el periodista José Abraham Sánchez, del noticiero de televisión 100% Noticias,  el ex-mandatario Alemán enfurecido (de mentira) y mediante acuerdo presidencial, suspendió en sus funciones al Director de Aeronáutica Civil, Mario Rivas Montealegre; a Carlos García, Director de Migración y Extranjería; a Carlos Bendaña Sequeira, y Carlos Palacios, Comisionado de la Policía Nacional, éste último enlace de la Interpol en Nicaragua.

También suspendió (de mentira), a los Sub-comisionados Domingo Navas, Clarence Silva Montenegro y Ramón Cortés, funcionarios de la Dirección Antidrogas. La Juez Primero del Distrito del Crimen de Managua  Martha Quezada, encargada del caso, dirigió sus indagaciones  contra el Ministerio del Transporte, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Ingresos, donde fue titular Byron  Jerez.  

Jacobo Rodríguez, quien fue el perito que descubrió cocaína en el avión Lear Jet A-35, fue asesinado por el largo brazo del Cartel de Managua , mientras que el periodista en mención que destapó el caso fue secuestrado. Alex Quintero, amigo de Alemán, quien le pidió a Rivas  Montealegre inscribir en Aerenáutica Civíl el avión, no lo hizo, cosa que Quintero, quien fue detenido, le reclamó a Rivas  de haber exonerado de gravámenes a la empresa “La Costeña”, cuyo gerente en funciones  era o es Julio Caballero, de nacionalidad cubana.

La Juez Martha Quezada dictó en este caso, auto de segura y formal prisión contra siete personas por delítos contra el Estado y fueron José Francisco Guash, Mario Rivas Montealegre, Alvaro Miranda, José Alberto Castillo, Daniel Almendarez, Blanca Cisne y Bismark Leytón. Tiempo después, todas las personas despedidas por Alemán fueron reincorporadas en sus puestos, se revirtió el proceso de los acusados y todo quedó en nada. Se dio a conocer que  José Francisco Guash se refuguió supuestamente bajo el amparo del gobierno de Alemán en Brasil.

Cabe Señalar que el Ex-Director de Aeronáutica Civil, Rivas Montealegre, exigió una recompensa a Monthy Paul William, agente investigador de la aseguradora estadounidense Reliance Company, responsable del avión, por haberlo localizado.Posteriormente se supo que Gerold Jerez, hermano de Byron, fue quien ayudó a Guash en lo relacionado al avión.

Gerold, bajo el cargo de traficar con drogas, lo encarcelaron por cuatro años en Estados Unidos y después lo soltaron amasando  una fortuna. En esa misma época, medios noticiosos de Miami y el periodico Mil X Mil, señalaron a José González Morales, hermano de la esposa de Byron Jerez, como la persona que  sirvió de puente de la mafia de Colombia en California, siendo condenado en 1992, pero después fue liberado.

Este hermano de Ethel González de Jerez, en el gobierno alemanista, ocupó el cargo de Director de la Dirección de Inversiones Extranjeras  en el Ministerio de Economía.

Esta ristra de personas, según el periódico en mención, también la integraban Orlando Murillo amigo íntimo de Alemán y del ex banquero Haroldo Montealegre Lacayo. Alemán había destinado el Lear Jet A-35 a Murillo por haberle ayudado con dinero en su campaña presidencial y lo nombró presidente Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Inversiones.

Danilo Blandón, quien no escapa a esta familia de leopardos y casado con Chepita Murillo, hermana de Orlando, admitió trabajar para  el PADRINO Norwin Meneses. Blandón, al convertirse en soplón, denunciando a sus ex-socios, fue puesto en libertad. Otras de las personas que se mencionaron en  el caso del Lear Jet A -35 y que quedó en el misterio, fueron  el  Cónsul en Miami, Agustín Mendoza y Ana Navarro, quienes  legalizaron todo lo relacionado con el arrendamiento del jet que hizo Alex Quintero en los Estados Unidos y quien dio la primicia al periodista Sánchez al enfadarse con Rivas Montealegre, para que se conociera todo lo relacionado con el aparato en mención.

Ampliando la información relacionada con el avión presidencial en el caso del “narcojet”. En ninguna parte de la sentencia dictada por la jueza Martha Quezada el 14 de Mayo de 1998, el entonces presidente reo Arnoldo Alemán, nunca se sintió como ofendido, solamente el señor Monthy Paul William, responsable del aparato y el Estado de Nicaragua.

Esta decisión de no sentirse ofendido Alemán, lo utilizó como elemento el Dr. Sergio Lira a favor de su cliente procesado por lo del narcojet, Alvaro  Miranda Bouille, sub-director de  Aeronáutica Civil, una vez que  la jueza  Vanessa Chávez Juárez, del Juzgado Cuarto del Distrito del Crimen de Managua, amplió en el mes de septiembre de1998 la declaración ad inquirendum del ex-mandatario nicaragüense.

Esta Segunda parte del juicio del “NARCOJET” presidencial,  llevó a la Dra. Vanessa Chávez Juárez a procesar por supuesto fraude al Estado de Nicaragua, a nueve funcionarios gubernamentales  encabezados por el Director General de Aduanas,  Marco Aurelio Sánchez y el Vice- Ministro del Ministerio de Construcción y Transporte Pablo Hurtado.

En base a un informe de la  Contraloría General de la República , junto a los dos  procesados ya mencionados, también sentaron ante la justicia  a Rafaela  González Cordero ex-delegada de aduana en la terminal aérea  del Aéropuerto Internacional “Augusto César Sandino” y a Róger Zuñiga  Mercado, ex-gerente de la Empresa Administradora de Aeropuertos.

Los inspectores de la terminal aérea también fueron procesados, por no revisar el Lear Jet A 35, siendo éstas personas Miguel  Jiménez López,  José Rolando Picado procesado por lo del narcojet, Alvaro  Miranda Bouille, sub-director de  Aeronáutica Civil, una vez que  la jueza  Vanessa Chávez Juárez, del Juzgado Cuarto del Distrito del Crimen de Managua, amplió en el mes de septiembre de1998 la declaración ad inquirendum del ex-mandatario nicaragüense.

Esta Segunda parte del juicio del “NARCOJET” presidencial,  llevó a la Dra. Vanessa Chávez Juárez a procesar por supuesto fraude al Estado de Nicaragua, a nueve funcionarios gubernamentales  encabezados por el Director General de Aduanas,  Marco Aurelio Sánchez y el Vice- Ministro del Ministerio de Construcción y Transporte Pablo Hurtado.

En base a un informe de la  Contraloría General de la República , junto a los dos  procesados ya mencionados, también sentaron ante la justicia  a Rafaela  González Cordero ex-delegada de aduana en la terminal aérea  del Aéropuerto Internacional “Augusto César Sandino” y a Róger Zuñiga  Mercado, ex-gerente de la Empresa Administradora de Aeropuertos.

Los inspectores de la terminal aérea también fueron procesados, por no revisar el Lear Jet A 35, siendo éstas personas Miguel  Jiménez López,  José Rolando Picado Sequeiro,  además de los ya fulminados Alvaro Miranda Bouille y Mario Rivas Montealegre.

Cuando se revisó la sentencia del 14 de Mayo, se encontró que estuvieron señalados por los delítos de tráfico ilegal de estupefacientes, cohecho,  falsificación de documentos públicos y asociación para delinquir en perjuicio del Estado.   

El abogado Lira se preguntó cómo era posible que la jueza Martha Quezada permitiera que el  ex-mandatario se declarara como ofendido, cuando los nuevos  enjuiciados fueron nombrados por él, pues el ex-mandatario tuvo que ver con este delicado problema del  famoso Jet “presidencial",nombre que se le debía de dar como lo habían propuesto  ministros y vice ministros de Alemán. En Nicaragua, Francisco Guasch y Didier Bester, pilotos del avión, dijeron que era exclusivamente el aparato para el servicio del entonces Presidente de la República. Todas estas personas están libres por maniobras del poder.