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“CERO” AMENAZA

 “Cero” amenaza a defensores de derechos humanos eden-pastora-comandante-cero

 

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Diario Las Américas

Por: Judith Flores
Diario Las Américas

En respuesta a la propuesta de ley estadounidense, conocida como Nica Act, que condiciona el otorgamiento de créditos bancarios al Gobierno de Nicaragua con el cumplimiento de principios de la democracia, el delegado del Gobierno de Nicaragua en la zona del río San Juan, Edén Pastora, mejor conocido como Comandante Cero, lanzó serias amenazas contra representantes de organismos de derechos humanos, a quienes acusa de ser los responsables de la creación del proyecto legislativo en EEUU.

El funcionario de la presidencia de Daniel Ortega amenazó con marcar con pintura negra las puertas de las residencias de los activistas, para que puedan ser identificados por el pueblo, como supuestos enemigos de la nación centroamericana.

Pastora hizo la advertencia a través de la emisora Radio 800, en Managua, mientras repetía estar “cansado” de los representantes de la sociedad civil y derechos humanos, a quienes señala de ser “sirvientes” de Estados Unidos.

“Van a pedir a Estados Unidos que nos hagan daño, atrasar el avance que este pueblo va teniendo y retrasar los 40 proyectos nacionales de este gobierno revolucionario sandinista. Voy a ir a la prensa, a la radio, a la tv, a los barrios, ciudades y comunidades para despertar conciencia sobre el enorme daño que nos quieren hacer estos sirvientes nacionales, que se van donde estos cubanos a decirles que nos paren el avance de este pueblo va teniendo”.

 

Antecedentes

El pasado 5 de abril los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, con el respaldo de 23 congresistas de los partidos mayoritarios Demócrata y Republicano, presentaron el proyecto de ley conocido como Nica Act, que persigue que Estados Unidos se oponga al otorgamiento de créditos al Gobierno de Ortega, mientras no cumpla con los requisitos de restablecer la democracia, combatir la corrupción, respetar las instituciones del estado, organizar elecciones libres, justas y transparentes, así como respetar el ejercicio de los derechos humanos y sus promotores, además de periodistas, sindicalistas y partidos de oposición.

“En Estados Unidos hay unos congresistas cubanos que no nos perdonan la relación histórica de la revolución nicaragüense con la revolución cubana”, dijo el controversial funcionario, en referencia a la legisladora Ros-Lehtinen.

Pastora lanzó serias acusaciones y amenazas: “Estoy cansado, estamos cansados, y somos como el cascabel que antes de morder sonamos el chichil para que la piensen y tengan tiempo de pensarla. Son cobardes porque los que fueron y se tomaron fotos con los cubanos en el Congreso y el Senado estadounidense ahora dicen que no fueron ellos, como no, son ustedes sirvientes nacionales y vamos a ir a marcarles las puertas con pintura negra para que ese pueblo sepa quiénes son los sirvientes”.

Pastora tiene un caso judicial abierto en Costa Ricas por daños a los humedales de ese país, a causa del dragado del rio San Juan que dirige Pastora. Costa Rica reclama al Gobierno de Nicaragua la indemnización de 6,7 millones de dólares.

Más amenazas

Otro aliado del Gobierno de Ortega, el excoronel del Ejército Sandinista Victor Boitano, promueve el linchamiento de los activistas a través de las redes sociales, cuando les llama traidores y afirmando que “-Augusto Cesar- Sandino ya los hubiera fusilado”. De hecho, el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que fue fundado en 1961 sobre la base del pensamiento de Sandino, quien se denominaba un luchador antiimperialista, fue el frente militar guerrillero que logró despojar del poder en 1979 a la familia Somoza, que había gobernado el país durante décadas.

Durante varios años, Boitano se opuso al Gobierno de Ortega, fue incluso perseguido y amenazado de muerte, según alegó en varias oportunidades.

Incluso en una entrevista en el 2010, con la periodista cubanoamericana María Elvira Salazar, Boitano denunció los nexos de los hermanos Castro, de Cuba, con el narcotráfico y los vínculos de Pablo Escobar con el régimen sandinista en los años 80.

Sin embargo, el excoronel sandinista que develó secretos del sandinismo cambió sorpresivamente su posición política en el 2011y optó apoyar al Gobierno de Ortega con lo que considera “estabilidad en Nicaragua” y hoy pide que caiga “todo el peso de la ley” sobre quienes pretenden “desestabilizar al régimen sandinista”.

Por otra parte, Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que cada vez se hace más difícil la labor de los defensores de derechos humanos ante las amenazas de los funcionarios del Gobierno.

“Condenamos esta acción porque cuando él [Pastora] señala que van a crear grupos patriotas y van a empezar a marcar las casas de personas, por el hecho de estar denunciando atropellos y abusos de este gobierno dictatorial, esto lógicamente es un acto intimidatorio y nos recuerda los actos de Hitler, que marcaban las casas para asesinar a las personas”, argumentó.

Carmona que también habló en representación de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo se trata de grupos paramilitares, cuyo objetivo es intimidar para evitar se sigan denunciando los atropellos.

En cuanto al Nica Act, el activista dijo que no son responsables de las decisiones del Congreso de Estados Unidos.

“Hemos venido denunciando los atropellos constantes, la falta de seguridad jurídica, la falta de independencia de los poderes del estado y el estado de indefensión que están los nicaragüenses, y lo vamos a seguir denunciando a nivel nacional e internacional, lo hemos hecho ante el Parlamento Europeo, en Naciones Unidas, en la OEA, en el Congreso de Estados Unidos y lo vamos a seguir denunciando en todos los foros internacionales”, manifestó.

Agregó no temer a este tipo de amenazas. “No estamos haciendo mal a ningún nicaragüense, no somos enemigos de ningún gobierno, lo que queremos es que haya respeto a los derechos humanos, justicia sin un jefe de gobierno que este pisoteando la Constitución del país y el estado de derecho, pero lamentable hay funcionarios que por quedar bien con el dictador dice cualquier barbarie que pone en riesgo la seguridad de nuestro trabajo”, señaló.

Carmona responsabiliza al Gobierno de Ortega por cualquier agresión en contra de activistas de derechos humanos.

Asimismo, Rafael Cárcamo, activista nicaragüense radicado en California, que enfrenta amenazas por reunirse con congresistas y senadores estadounidenses, afirmó que la presidencia de Ortega pretende “criminalizar” la labor de los defensores de derechos humanos a través de medios de comunicación.

“Ortega utiliza los medios oficialistas y no oficialistas para amenazar, y eso es peor (porque incita a la persecución popular). Lamentablemente hay periodistas que se prestan a este juego”, sostuvo.

De hecho, Cárcamo sostiene que el Nica Act hace énfasis en la protección de los líderes de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, periodistas y todas aquellas personas que luchan por la libertad y los derechos civiles.

“Responsabilizo a Pastora y al régimen de Ortega por cualquier cosa que suceda a mi o mi familia. Esa es la contradicción del llamado gobierno cristiano, solidario de paz y reconciliación (que proclaman)”, dijo Cárcamo.